El furtivismo es un problema que sigue atenazando a la provincia leonesa y que resulta difícil de erradicar, como demuestran las estadísticas oficiales del pasado año que recogen las actuaciones contra quienes tienen gusto por cazar o por pescar al margen de la legalidad y sin las autorizaciones pertinentes.
En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia de León tramitaron a lo largo del año pasado un total de 811 denuncias de carácter administrativo, según datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno en la provincia, la mayor parte de ellos referidos a caza. Más concretamente, las ilegalidades cinegéticas fueron un total de 546 (casi un 70% del total) e igualmente la mayor parte de ellas las referidas a caza mayor (jabalí, ciervo o corzo), que es la que suele tener un peor efecto medioambiental, por ejemplo con el uso indiscriminado de lazos que acaban pasando factura a especies protegidas, como el oso. Por su parte, la pesca motivó la apertura de 265 expedientes sancionadores.
Los lugares que se han visto más dañados por esta forma de caza ilegal fueron el norte y el oeste de la provincia, zonas ricas en caza mayor, así como las Reservas Regionales de Caza de Riaño, Mampodre y los Ancares leoneses, espacios especialmente sensibles ya que se trata de terreno protegido.
Según las mismas fuentes oficiales, durante el último año seis cazadores leoneses cometieron delitos de carácter penal contra la protección de la fauna, delitos que se saldaron finalmente con la detención de cinco de ellos. Dos de los detenidos eran cazadores de Villablino que abatieron un rebeco en Leitariegos, en la ladera asturiana del Cueto de Arbas. Los otros dos, vecinos de Páramo y Palacios del Sil, respectivamente, fueron sorprendidos mientras estaban colocando lazos de acero, práctica prohibida, en un monte de Palacios del Sil. El último de ellos fue detenido por cazar un corzo en época de veda y además en un coto privado. Esto significa que Laciana y el Alto Sil se llevan con mucho la palma de los casos más graves de cuantos se han sorprendido, en concreto en 2006 ocurrió en el cien por cien de los casos.
Un curioso caso, no resuelto, también tuvo triste protagonismo a lo largo del año pasado. Se trató de la aparición de un oso pardo muerto en un camino de Burbia. Los análisis realizados en este ejemplar de unos 150 kilos, que presentaba un orificio debajo de la pata delantera izquierda, certificaron los peores presagios: que se trató de una muerte por disparo, la única muerte violenta de este tipo de un ejemplar de oso pardo en los últimos ocho años. En este caso no hay detenciones ni sospechosos.
En el ámbito administrativo, la Junta de Castilla y León es el organismo competente en materia de caza y pesca y es por tanto a quien corresponde la incoación, instrucción y resolución de las sanciones, que oscilan entre los 30 y 300 euros de las faltas leves, los 300 y 3.000 euros de las graves y los 3.000 a 60.000 euros, siempre acompañadas con temporadas de retirada de la licencia.
La norma que regula estas infracciones tan habituales en la provincia es la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León, que es la que recoge a quién corresponde actuar en cada caso, el propio delegado territorial si hablamos de situaciones veniales o el propio consejero de Medio Ambiente si la cosa ha pasado de castaño oscuro.
Fuente: La Crónica de León
